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    Redacción La Comarca Publicado a las 20:46 el 25 de March del 2023
    Etiquetas: asuntos sociales, BELARRA   

    DERECHOS SOCIALES La Ministra Ione Belarra apuesta por una atención personal y a domicilio para los mayores 

     

    León. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado este sábado en León la necesidad de apostar por nuevas fórmulas para atender a los mayores centradas en la asistencia personal y domiciliaria frente a la residencial.

    Belarra ha visitado este sábado el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (CREDEI) de León, donde se desarrollan dos proyectos de referencia a nivel estatal para trabajar en nuevas fórmulas para atender a los mayores.

    La ministra ha mostrado su compromiso para el desarrollo del centro también conocido como ‘Ciudad del Mayor’ tras las «años de abandono» en los que estuvo durante los años de gobierno del PP.

    El Centro cuenta en estos momentos con dos proyectos en activo, el más destacado un proyecto de promoción de la autonomía personal, que está relacionado con el nuevo modelo de cuidados que se está impulsando desde el Ministerio de Derechos Sociales, un modelo que busca dejar atrás el tipo de atención más residencial, ha explicado la ministra.

    «Una iniciativa que busca otro modelo más allá del residencial que mostró sus límites durante la pandemia y que trabaja en avanzar hacia un modelo de asistencia domiciliaria que es el que nos demandan nuestros mayores con el objetivo de seguir viviendo con sus vecinos y manteniendo su vida social contando siempre con los apoyos necesarios», ha apuntado Belarra.

    El segundo proyecto que se desarrolla en el CREDEI viene de la mano de Cruz Roja Española para trabajar en la prevención de la soledad no deseada y que convierte al centro «en un verdadero laboratorio de innovación social que nos permite adaptarnos mejor a las necesidades de las personas mayores y en las que están en estado de dependencia», ha apuntado Belarra.

    A partir del próximo abril se habilitará un gabinete de accesibilidad para asesorar a todas las familias que lo necesiten «sobre la accesibilidad física y cognitiva de los mayores en los domicilios y en administraciones públicas», ha añadido.

    Belarra ha destacado que, frente a una Junta de Castilla y León, que le «hace la peineta a las personas en situación de dependencia con ayudas irrisorias de menos de 100 euros, nosotros cumplimos y hemos doblado las prestaciones que recibe el gobierno autonómico en materia de dependencia en tan solo una legislatura».

    Por su parte, el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, ha subrayado que el CREDEI es un centro de innovación como demuestra los proyectos que se están llevando a cabo en estos momentos y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de León a través de la firma de protocolos de colaboración.

    Al igual que la ministra ha apuntado que la innovación en este centro se va a dirigir a la autonomía personal en la estrategia nacional de «desinstitucionalización en la atención de las personas mayores», a la vez que ha resaltado como el centro va a servir «como un laboratorio para todo el Estado para tratar situaciones de soledad y la pérdida de autonomía».

    «Entendemos que la provincia de León es un laboratorio idóneo para toda la estrategia nacional ligada a la soledad no deseada», ha añadido el director del Imserso, que ha informado que en la actualidad se trabaja con 24 mayores atendidos por 14 trabajadores que se ampliarán según se vayan poniendo en marcha nuevos proyectos. EFE

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    Redacción La Comarca Publicado a las 16:31 el 17 de January del 2023
    Etiquetas: BELARRA,   

    CONSEJO DE MINISTROS La ley de Servicios Sociales mantendrá las ayudas aún cambiando de comunidad 

     

    Madrid.  El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la que será la primera ley estatal de servicios sociales, que garantizará un suelo común de prestaciones en todo el territorio y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de los usuarios entre comunidades autónomas.

    El Consejo de Ministros ha dado el primer paso en el trámite de esta norma que mandata a las comunidades -con competencia en exclusiva de la atención social- a acordar un catálogo común de servicios y prestaciones básicos, y establece el «proceso de cogobernanza» entre el Estado y las autonomías para asegurar la igualdad en la cobertura de esos derechos.

    La tramitación se prevé compleja, ya que varias comunidades han alertado de que vigilarán que no haya ninguna invasión de sus competencias.

    La norma establece un suelo de protección para los servicios sociales, eliminado el requisito de empadronamiento para el acceso a esos servicios, y reconoce el derecho de todas las personas con residencia en territorio español «sin distinción o exclusión alguna» y con independencia de su situación administrativa.

    «Uno de los objetivos es acabar con los laberintos burocráticos en los servicios sociales; a una persona que necesita el Ingreso Mínimo o la teleasistencia no se le puede poner ningún requisito adicional que dificulte ese derecho», ha destacado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

    «Es un balón de oxígeno» para los trabajadores y para las personas atendidas en los servicios sociales, ha señalado Belarra, quien ha confiado en que reunirá «los apoyos suficientes» para su aprobación en segunda vuelta, así como en el Congreso de los Diputados.

    «Evidentemente contará con la oposición de los que nunca quieren que nada cambie», ha aseverado la ministra, quien ha opinado que la mejor respuesta a esa postura son los «avances en derechos».

    «La ley consolidará en nuestra legislación la modernización de los servicios sociales» iniciada con los fondos europeos, que plantean una inversión de 875 millones de euros entre 2021 y 2023, ha recordado, y son un compromiso de los acuerdos del gobierno de coalición y del Plan de Recuperación.

    El objetivo de la norma es dejar atrás el enfoque asistencialista y centrado en la emergencia de los servicios sociales y avanzar en una atención más personalizada, reduciendo las barreras de acceso.

    Declara como esenciales los servicios sociales, como hizo de manera provisional durante la pandemia, y eleva así la tasa de reposición de los trabajadores que aprueban las administraciones para este tipo de colectivos. «Cuando todo para, las necesidades sociales que atienden estos servicios no paran».

    CATÁLOGO COMÚN: TIEMPOS, CALIDAD Y SERVICIOS

    El catálogo deberá detallar para cada servicio o prestación la ratio mínima de profesionales necesarios, la especialización en caso de que se requiera y los tiempos de acceso.

    «No hay igualdad si los distintos procesos administrativos de cada territorio llevan a tiempos de espera muy dispares», argumenta la norma, que incluye herramientas para un acceso «sin dilaciones injustificables» ni desiguales entre territorios.

    La ley plantea la creación de un Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales para facilitar el conocimiento real y efectivo de las prestaciones y poder evaluar su eficacia y eficiencia.

    La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales será el órgano encargado de acordar el nivel mínimo, para lo que contará con un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley, y el Ministerio, el responsable de coordinar a las distintas administraciones y de dictar las disposiciones necesaria para la ejecución de la ley.

    PROFESIONAL DE REFERENCIA Y RESPETO A PROYECTOS DE VIDA

    Las personas, el desarrollo de su autonomía, sus proyectos vitales y preferencias han de ser el principal foco de la intervención de los servicios sociales, indica el anteproyecto.

    Para ello se constituye como derecho el acceso de los usuarios a toda la documentación, se crea la figura del personal de referencia y la historia única digital, y se plantea la atención por parte de un equipo formado por profesionales del trabajo social, la educación social y la psicología.

    Frente a la institucionalización, se procurará la prestación de apoyos y cuidados que mantengan a las personas en su comunidad o en ambientes familiares.

    MANTENER LOS CUIDADOS AL CAMBIAR DE RESIDENCIA

    Una vez se accede al uso de un servicio o prestación básica en una comunidad autónoma, se mantendrá si se cambia de residencia de manera temporal o permanente.

    Esta ley estatal recoge este derecho, al igual que se contempla en el ámbito sanitario, y que ahora está «seriamente limitado», se recuerda en la norma.

    En la «historia social única» digital se incluirán los datos personales, sanitarios, de vivienda y económicos, entre otros significativos de la situación social y familiar de la persona usuaria, así como el diagnóstico y los apoyos sociales que haya o esté recibiendo.

    En relación con las ayudas económicas en casos de urgencia o emergencia social, se fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para que el Gobierno modifique la ley de subvenciones ahora vigente, que en la actualidad prolonga los trámites durante meses.

    Belarra ha apostado por «una norma especifica», una reclamación de las entidades del sector, para que las ayudas de emergencia sean ágiles y atiendan de manera urgente esas necesidades.

    La ley desplaza además los litigios de los tribunales contencioso administrativa a los juzgados de lo social.

    Las comunidades autónomas contarán con Comités de Ética en servicios sociales. EFE

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