JUICIO MINERÍA   Director del pozo donde murieron 6 mineros: «Fue impredecible e imprevisible»

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Las víctimas del accidente fueron Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, de entre 35 y 45 años
León. El que era en octubre del 2013 director general del pozo Emilio del Valle, en Pola de Gordón (León), cuando se produjo el accidente que en el que murieron 6 mineros, Mario Calvo Herce, ha afirmado este miércoles, en el juicio que se sigue contra él, que el siniestro fue «impredecible e imprevisible», y ha recalcado que así lo sostienen sin lugar a dudas los distintos informes que se han realizado para analizar sus causas.

«Todos los informes coinciden en que el accidente se debió a un desprendimiento instantáneo de metano, un hecho que no se puede prever y contra el que no se puede hacer nada; la única forma de evitar el siniestro hubiera sido cerrando la mina», ha recalcado el que era entonces el máximo responsable técnico de la explotación, que ha insistido durante su declaración en que se respetaron todos los protocolos de seguridad como así atestigua las inspecciones cursadas por la autoridad minera.

Calvo Herce es uno de los 16 acusados por este accidente -que también dejó 8 heridos-, todos ellos consejeros, directivos, personal técnico y vigilantes de la Hullera Vasco Leonesa (HVL), la empresa que explotaba la mina, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.

Además, la Fiscalía acusa a la propia sociedad como responsable civil subsidiaria y a la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria, y les reclama indemnizaciones que superan los 2 millones.

Por su parte, las acusaciones particulares elevan la petición de pena a 6 años y medio, el máximo previsto en este caso, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los acusados el entender que no tuvieron ninguna responsabilidad en el siniestro.

Este acusado ha subrayado durante su declaración, que se ha limitado a las preguntas del fiscal y de su abogado, que la seguridad de los trabajadores era la máxima preocupación de la empresa como refleja que nunca se les abriera un expediente sancionador por parte de la autoridad competente en la materia de la Junta de Castilla y León.

En concreto, ha recordado que el informe de la Junta referente a las actuaciones del día del accidente refleja que la el proceder en materia de seguridad fue «absolutamente impecable» al «paralizar la actividad en el taller en el que se registro el siniestro cuando se registraron dos paradas a causa de corte de corriente por una subida del nivel de metano».

El director general de la mina ha recordado al respecto que entre los fallecidos en el accidente también estaban el vigilante y el delegado minero suplente, quines «si hubieran detectado algún peligro lo hubieran comunicado sin ningún género de dudas» .

Ha admitido que el día del accidente se alcanzaron niveles de metano muy altos, por lo que se aplicó el protocolo previsto en estos casos, y ha insistido en que esa situación «era muy habitual» en una mina categoría de tercera categoría y muy grisuosa.

«Lo importante es estos casos es comprobar que se han tomado las medidas previstas para garantizar la seguridad porque es un situación que se repite con frecuencia», ha abundado en sus explicaciones.

Respecto al despido de dos ingenieros, Francisco Expósito y Pelayo Iglesias, el primero de ellos jefe de la brigada de salvamento, que según las acusaciones habían denunciado problemas de seguridad en el macizo en el que se registró el siniestro, ha puntualizado que se debió a que no cumplieron una orden, la colocación de unos medidores, pero ha remarcado que el incidente tuvo lugar en el flanco sur de la explotación, a unos 5 kilómetros del lugar del accidente.

«Se produjo una insubordinación de estos dos responsables en materia de seguridad frente a un orden del director facultativo, por lo que se decidió su despido, lo que se comunicó a Recursos Humanos, que estuvo de acuerdo», ha puntualizado.

Estos dos técnicos despedidos presentaron posteriormente un denuncia ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de que se habían incumplido las medidas de seguridad, por lo que abrió una investigación que se cerró el encontrarse ningún indicio en ese sentido, ha apuntado el responsable técnico del pozo.

Otro de los acusados que ha declarado este miércoles ha sido el director facultativo e ingeniero jefe de la sección interior del pozo, José Eliseo Solís, que ha incidido en lo manifestado por su superior en el sentido de que la empresa cumplía todas las medidas de seguridad.

El turno de declaración de los acusados lo abrieron el martes los que eran presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco Leonesa en el momento del accidente, los hermanos Antonio y Arturo del Valle Alonso, respectivamente, cuya estrategia de defensa pasó por demarcarse del día a día de la explotación y asegurar que daban luz verde a las decisiones que se trasladaban al Consejo desde la dirección técnica, que consideraban de la «máxima competencia».

Ambos destacaron que aunque al empresa ya empezaba a notar la crisis del sector minero que le llevaría a un proceso de concurso de acreedores y finalmente a su disolución en ningún momento se relajaron las medidas de seguridad.

La vista había sido suspendida hace casi dos años, el 5 de abril de 2021, después de que varios abogados tanto de las acusaciones como de las defensas así lo reclamaran hasta dilucidar si los ingenieros y técnicos acusados contaban con pólizas de seguros individuales que cubrieran su responsabilidad civil.

El accidente se produjo por el colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano que provocó una desgasificación de grisú y causó la muerte por asfixia de los seis trabajadores que se encontraban en esos momentos en esa zona del pozo Emilio del Valle.

Las víctimas del accidente fueron Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, de entre 35 y 45 años. EFE

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